Chile ‘lamenta profundamente’ demanda peruana ante La Haya por límites marítimos


El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alejandro Foxley, manifestó este miércoles en respuesta a la demanda del Perú ante la Corte Internacional de La Haya que “el Gobierno de Chile lamenta profundamente esta presentación, ya que en ella se desconocen tratados vigentes entre ambos países”.

El Canciller chileno adoptó un tono firme, enérgico y sereno a la vez para expresar el parecer de Santiago ante las pretensiones peruanas de “espacios que se encuentran incuestionablemente bajo soberanía y jurisdicción chilena”.

Ante la duda de algunos acerca de si Chile reconocería la potestad de La Haya para resolver la presentación limeña, Foxley clarificó que Santiago tiene “pleno respeto a Corte Internacional de Justicia”, y que utilizará “todos los recursos jurídicos a su alcance para hacer frente a esta demanda”.


En paralelo, expresó que el Estado chileno “procurará que las relaciones con Perú continúen por la senda de mutua cooperación y acuerdo”.

El titular de la diplomacia chilena entregó los nombres de algunas de las personas que integrarán el amplio equipo que llevará el país hasta la sede de la corte, en “un asunto que nos va a acompañar por largo tiempo”.

El grupo de diplomáticos y especialistas está encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, y lo integran el subsecretario de la Cartera (Agente), Alberto van Klaveren; la directora nacional de Fronteras y Límites (Co-agente), María Teresa Infante; el embajador ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, Juan Martabit, y la embajadora ante los Países Bajos, Cecilia Mackenna.

Se suman al equipo técnico-jurídico Claudio Troncoso, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Patricio Pozo, director de Límites de la secretaría de Estado.

Los asesores jurídicos externos de Chile son Jan Paulsson, Christopher Greenwood, Prosper Weil y Pierre Marie Dupuy.

A través de un comunicado, la Cancillería agregó que, asimismo, se han solicitado estudios sobre puntos específicos a otros distinguidos juristas.

Estos puntos específicos son la Asesoría Técnica a cargo del Hidrógrafo Dick Gent y el geólogo Robin Cleverly y el Consejo Asesor compuesto por un amplio grupo de destacados especialistas nacionales, tanto en derecho internacional como en otras áreas relevantes.

Antecedentes históricos
Aunque existían algunos indicios previos, Perú no comenzó su alegato acerca de un supuesto ‘diferendo marítimo’ sino hasta el gobierno de Alejandro Toledo, justo en momentos en que escaseaba el apoyo popular a la gestión del Mandatario, por lo que muchas voces en Santiago advirtieron que sólo se trataba de una maniobra política para concitar respaldo frente a un adversario común, olvidando de paso los cuestionamientos al mandato presidencial.

Chile avala su postura en una serie de tratados, que cataloga como limítrofes, y que Perú considera sólo como acuerdos pesqueros. A continuación un detalle de los mismos.

En el Tratado de Lima de 1929 Chile y Perú delimitaron su frontera terrestre, y aunque no se refiere directamente a la parte marítima, sí sentencia que no existen materias limítrofes pendientes. En parte de su artículo segundo expresa: “la frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se denominará “Concordia”, distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta, para seguir hacia el oriente paralela a la vía de la sección chilena del Ferrocarril de Arica a La Paz y distante diez kilómetros de ella”.

Posteriormente, las dos naciones firmaron el Acta del 5 de agosto de 1930, con la que pusieron en práctica la delimitación. “La relación detallada de la ubicación y características definitivas de los hitos que, ‘partiendo ordenadamente del Océano Pacífico’, marcan la línea de la frontera chileno-peruana, es la siguiente: Hito N° 1, de Concreto, Latitud 18-21-03, Longitud 70-22-56, ‘lugar de situación: orilla del mar'”.

El 1 de agosto de 1947 Perú, mediante el Decreto Supremo N° 781, estableció unilateralmente que ejercerá control y protección sobre el mar y zócalo adyacente a las costas de su territorio “en una zona comprendida entre estas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscientas (200) millas marinas, medida siguiendo la línea de los paralelos geográficos”.

Luego, en marzo de 1952, el Perú promulgaría la ley número 11.780, denominada ‘Ley del Petróleo’, en la que precisa que el zócalo continental es “la zona comprendida entre el límite occidental de la zona de la costa y una línea imaginaria trazada ‘mar afuera’ a una distancia constante de 200 millas de la línea de baja marea del litoral continental”.

La idea de la línea imaginaria prolongándose de manera recta desde la tierra hacia el mar en el mismo sentido de los paralelos se refrendó en la Declaración de Santiago, suscrita entre Perú, Ecuador y Chile el 18 de agosto de 1952.

En el párrafo cuarto operativo de la declaración se lee: “si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países declarante estuviera a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los Estados respectivos”.

Al momento de firmar ese acuerdo, los tres países constituyeron la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), y los delegados de Chile, Perú y Ecuador reconocieron -según consta en actas de ese organismo- la delimitación marítima según “el paralelo que parte del punto en que la frontera terrestre de ambos países llega el mar”.

Cuando Colombia ingresó a la CPPS suscribió (en 1975) un convenio con Ecuador en que utiliza como criterio de delimitación marítima el mismo utilizado antes entre los tres países mencionados.

En otra materia, en diciembre de 1954, Ecuador, Perú y Chile rubricaron el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza, para evitar que los navíos menores incurrieran “de modo inocente y accidental en violaciones de la frontera marítima entre los Estados vecinos”, por lo que el análisis actual de Santiago concluye que sí estaba establecido el límite, de lo contrario no se aludiría a la ‘frontera marítima’ en varios puntos del convenio.

El 12 de enero de 1955 Perú emitió la Resolución Suprema número 23, en la que considera “menester precisar en los trabajos cartográficos y de geodesia la manera de determinar la zona marítima peruana de 200 millas a que se refiere el Decreto Supremo del 1 de agosto de 1947 y la Declaración Conjunta suscrita en Santiago el 18 de agosto de 1952 por el Perú, Chile y el Ecuador”.

Por ello, resolvió que “la indicada zona está limitada en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a una distancia constante de ésta, de 200 millas náuticas”, y en el segundo punto detalla que “de conformidad con el inciso IV de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá sobrepasar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la frontera del Perú”.

El 6 de mayo de 1955 Perú ratificó tanto la Declaración de Santiago de 1952 como la Convención sobre Zona Especial Marítima de 1954, por lo que ambas actas son consideradas un tratado internacional de acuerdo a los criterios establecidos por la Convención de Viena, que explica que “se entiende por ‘tratado’ un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

UPI

Articulo Original: Publimetro.cl

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